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Crece condena internacional al Gobierno de Nicaragua por violencia

Por Gabriela Selser (dpa)

Jose Nelson Rodriguez, quien había sido capturado cerca del reparto El Carmen, en Managua, es uno de los con la suerte de ser liberado de El Chipote. Bismark PIcado / elnuevodiario.com.ni

HAVANA TIMES – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno de Alemania y la organización Human Rights Watch (HRW) condenaron hoy los últimos episodios de violencia en Nicaragua y los ataques de turbas del gobierno de Daniel Ortega contra obispos.

En un comunicado conjunto, la CIDH y la sede regional de la OACNUDH rechazaron “enfáticamente” las agresiones a los miembros de la Iglesia católica, entre ellos el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ocurridas el lunes en Diriamba, al sur de Managua.

Alertaron además sobre una “campaña de estigmatización” del Gobierno contra los líderes de la Iglesia católica por su trabajo de protección a la población civil y por “su fundamental rol” en la mediación en el diálogo nacional.

Los dos organismos recordaron al Gobierno del presidente Daniel Ortega que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población.

Los incidentes de Diriamba, a 43 kilómetros de Managua, se produjeron cuando una misión de obispos, periodistas y activistas de derechos humanos fue asediada y atacada a golpes y con armas blancas por activistas del Gobierno, varios de ellos encapuchados.

El ataque a los religiosos también fue condenado “enérgicamente” este martes por el Gobierno de Alemania a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores.

“El Gobierno (de Nicaragua) y las fuerzas de seguridad tienen el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Instamos a todos los involucrados a que busquen una solución pacífica a la crisis por el bien del país y a que continúen trabajando de forma decidida en el proceso de diálogo”, indicó el texto.

El Ejecutivo de Angela Merkel también llamó a aclarar “rápidamente y de forma extensa” las circunstancias de la muerte de las más de 300 víctimas durante esta crisis y pidió que se castigue a los responsables.

Por su parte, en Managua, la embajadora alemana Ute König y otros representantes de países de la Unión Europea se reunieron con los obispos y con el representante del papa Francisco en la sede de la Nunciatura Apostólica, para expresarle “su preocupación por las agresiones sufridas y su apoyo a su labor como mediadores”.

En la reunión participaron también los embajadores Sergio Martes (Italia), Philippe Létrilliart (Francia), Rafael Garranzo Garcia (España) y los encargados de negocios de Luxemburgo, André Biever, y de la UE, Maider Makua García, informaron fuentes a dpa.

La fuerza paramilitar sin ley, respaldada por la Policia Nacional, ha llevado al terror a las ciudades y pueblos de Nicaragua. Matan, saquean y secuestran en total impunidad.

Por su parte, Human Rights Watch declaró este martes que Ortega y otros altos funcionarios deben responder por los “abusos graves y extendidos” que se están cometiendo en el país en el marco de la crisis que inició el 18 de abril pasado.

“Mientras el presidente Ortega repite el mantra de que su Gobierno está trabajando por la paz en Nicaragua, los policías bajo su supervisión siguen matando manifestantes”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

“Las autoridades de Nicaragua no están tomando medidas para evitar que continúen las violaciones a los derechos fundamentales y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos”, añadió Vivanco.

HRW recuerda que el Gobierno de Nicaragua tiene la obligación, según el derecho internacional, de tomar medidas para prevenir y sancionar violaciones de los derechos humanos, también de actores privados, donde incluye a pandillas partidarias del Ejecutivo.

Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años desde que comenzó la protesta estudiantil el 18 de abril, que se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles desarmados.

Más de 309 personas han muerto, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el marco de las protestas contra el Gobierno.

En tanto, Francisco López, uno de los más cercanos colaboradores de Ortega, renunció a la dirección de dos importantes entidades del Gobierno, cinco días después de ser sancionado por Estados Unidos.

La renuncia de López como presidente de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) fue aceptada por Ortega y se hizo efectiva este martes con su publicación en el diario oficial “La Gaceta”.

Francisco López

López es todavía el tesorero del partido de Ortega el FSLN, y el vicepresidente de Albanisa, empresa Venezolano/Nicaraguense que ha manejado de manera privada varios miles de millones de dólares de negocios y cooperación petrolero.

El pasado 5 de julio, el Gobierno de Donald Trump impuso las primeras sanciones contra tres altos cargos considerados “el anillo de poder” de Ortega. Los otros dos son el subdirector de Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, todos sancionados por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Las sanciones suponen el congelamiento de todos los bienes y activos que tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo ciudadano estadounidense de hacer transacciones con ellos. Su ingreso en el país norteamericano quedó también vetado.


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