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Gobierno admite que falla protección a líderes sociales en Colombia

Por Rodrigo Ruiz-Tovar y Giuseppe Palacino (dpa)

El ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera.? Foto: cablenet.tv

HAVANA TIMES – El Gobierno colombiano admitió hoy que la protección prometida a líderes sociales ha sido poco eficaz, a juzgar por los 178 asesinatos perpetrados desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016, al tiempo que la ONU instó a reforzar la seguridad.

“Más allá de la discusión de si existe o no sistematicidad (en los asesinatos), lo que tenemos que ser es lo suficientemente eficaces en la protección, y ahí es donde aún no lo estamos siendo, y eso nos preocupa de sobremanera”, dijo a la cadena de radio RCN el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

La protección por parte del Estado a líderes sociales en pequeñas comunidades afectadas por el conflicto armado es uno de los puntos del acuerdo de paz que el Gobierno firmó con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en noviembre de 2016.

Según la Policía Nacional, la Organización de las Naciones Unidas tiene información del asesinato de 178 líderes sociales desde entonces, cifra que aumenta a 217 si se tienen en cuenta los crímenes de esas características desde 2015.

Ante la ola de violencia, la ONU pidió al Estado responder de manera inmediata endureciendo las medidas de seguridad a los líderes sociales y dando con los responsables de estos hechos.

“La ONU insta al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de los colombianos en todos los rincones del país”, sostuvo el organismo en un comunicado.

Dentro del texto, la ONU reitera que pese a que la violencia se ha tomado varias regiones del país, acompañará a Colombia para que el acuerdo de paz con las FARC se cumpla.

“El recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz, estable y duradera (…). Los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones de sus derechos colectivos e individuales”, explicó.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos pidió al Ministerio de Defensa el traslado de inspectores del Ejército y la Policía al municipio de Tumaco para supervisar qué está sucediendo. Esta población se ubica sobre la costa pacífica, en límites con Ecuador, y es uno de los más afectados por el conflicto armado.

“Convoqué para el martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La Fiscalía tiene resultados importantes. Reitero mi instrucción de actuar con toda contundencia contra quienes atacan a líderes sociales. No bajaremos la guardia”, indicó el mandatario.

Esta comisión pretende reforzar las medidas de seguridad y fue anunciada pocas horas después del homicidio de una líder social en Tumaco. Santos dijo que la fuerza pública “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables”.

El coronel José Restrepo, que dirige un cuerpo de élite encargado de proteger a líderes sociales amenazados, dijo que su institución se está esforzando para impedir que siga creciendo la cifra de asesinatos.

“Entre la Fiscalía y la Policía tenemos una efectividad en las investigaciones del 65 por ciento y se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”, explicó Restrepo a la cadena de radio Caracol.

Agregó que las investigaciones apuntan a que los autores de gran parte de los crímenes son disidentes de las FARC y miembros del narcotraficante Clan del Golfo.

Asimismo, dijo que en lo que va de este año han ocurrido 30 asesinatos de este tipo, principalmente en los departamentos de Nariño (suroeste), Antioquia, Córdoba (noroeste) y Norte de Santander (noreste).

Este miércoles se produjo también el homicidio de Ana María Cortés, una reconocida dirigente de Antioquia que fue acribillada a balazos.

Cortés se desempeñó como coordinadora de la campaña del ex candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, quien el 17 de junio perdió en la segunda vuelta de las elecciones ante el derechista Iván Duque.

El asesinato de Cortés fue denunciado por Colombia Humana, el movimiento político que impulsó la candidatura de Petro, que aseguró que las amenazas contra ella empezaron desde antes de la primera vuelta electoral de mayo.


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