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Carol Proner: Decisión de la ONU sobre el caso de Lula deberá cumplirse

Brasilia, 21 ago (PL) La decisi?n del Comit? de Derechos Humanos de la ONU que exige la presencia del ex presidente Lula en las pr?ximas elecciones es un inmenso c?mplase para el Estado brasile?o, afirm? Carol Proner, seg?n fuentes de PL. ? 'Esa determinaci?n es un mandato: un inmenso 'c?mplase' que abarca la responsabilidad de todo el Estado brasile?o y no solamente de un juez (Sergio Moro) que cometi? un delito, m?s todav?a no fue apartado' (de sus funciones), subray? la tambi?n miembro de la Asociaci?n Brasile?a de Juristas por la Democracia.

Seg?n puntualiz? Proner en un art?culo difundido la v?spera, no es necesario recurrir a profesores de Derecho internacional para explicar que la resoluci?n del ?rgano de Naciones Unidas vincula, obliga y genera responsabilidad.

El viernes ?ltimo el Comit? de Derechos Humanos de la ONU demand? que Lula tenga asegurado el 'acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido pol?tico' y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial 'hasta que todos los recursos pendientes de revisi?n contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.

Sin embargo, tanto el ministro de Justicia Torquato Jardim, como la Canciller?a asumieron posturas contrarias al mandato de la organizaci?n internacional.

Jardim consider? que la ONU se entromete indebidamente en los asuntos internos de Brasil y expres? que la decisi?n del Comit? de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jur?dica.

Mientras en una nota oficial el Palacio de Itamaraty sostuvo que 'las conclusiones del Comit? tienen car?cter de recomendaci?n y no poseen efecto jur?dicamente vinculante'.

En ese sentido, Proner enfatiz? que la decisi?n de la ONU refleja la legislaci?n patria: el mandato -dijo- resulta de los derechos y garant?as constitucionales y de la tradici?n democr?tica y responsable del derecho electoral que es cuidadoso con la prerrogativa m?s importante de nuestro sistema pol?tico: la de votar y ser votado.

Ratific? adem?s que desde el a?o 2009 el Estado brasileiro adhiri?, v?a decreto legislativo, al mecanismo de fiscalizaci?n universal de los derechos civiles y pol?ticos, lo cual lo obliga a acatar tales decisiones.



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